Este martes se desarrolló en la Cámara de Diputados una audiencia para debatir el marco negativo para proteger estos territorios, con la presencia de técnicos de las entidades rurales.
En la Cámara de Diputados de la Nación, se desarrolló este martes una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería para debatir la sanción de un nuevo marco normativo que establezca presupuestos mínimos para la conservación de Humedales.
En esta oportunidad, los legisladores escuchan la opinión de técnicos de entidades rurales y otros organismos relacionados al agro, que pretenden un debate que se base en datos objetivos y no en perspectivas ideologizadas, tal como lo expresó recientemente Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
El debate político está inmerso en medio de fuertes cruces, ya que la reunión convocada por el titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, fue paralela al proyecto de ley que busca aprobar el kirchnerismo sin abrir el debate a terceros y buscando su aprobación a libro cerrado.
El debate, en vivo, se pudo observar aquí:
LA OPINIÓN DE CONINAGRO
A lo largo de la jornada, hubo una suerte de lema que fue transversal a todos los oradores: “Con una ley no se terminan los incendios”.
Esa fue precisamente la opinión que emitió la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) en la previa de la reunión.
“La entidad que nuclea a las cooperativas del agro cuestiona los principios del proyecto y pide que sea abordado de manera integral y con argumentos técnicos. Como factores clave, desde Coninagro entendemos que esta ley no apaga los incendios. Para esto ya hay leyes vigentes”, indicó Coninagro.
Asimismo, consideró que el tema humedales corresponde a cada provincia, no a la Nación, por las particularidades de cada región.
Por eso, desde la entidad enumeraron una serie de requisitos que deberían tenerse en cuenta para sancionarse la ley mencionada:
no dar pie a implementación nacional por sobre las provincias,
incluir a la producción primaria como servicios ecosistémicos,
no superponer con otras legislaciones (sacar principios in dubio pro natura e indubio pro aqua),
propiciar el diálogo público-privado con todos los actores (incluyendo empresarios y productores),
no prohibir actividades antes de evaluar y contemplar las condiciones de vida de las poblaciones,
que los fondos estén destinados a quienes trabajan en los humedales (Redireccionar el destino hacia los titulares de los predios de los humedales -quienes gestionan el territorio-),
agregar la promoción del uso racional de los humedales bajo un marco de desarrollo sostenible.
“Esta ley impacta sobre el agro, las industrias, el turismo y las ciudades: la vida en los humedales tiene múltiples actividades, inclusive con personas que residen allí mismo. El problema central es que avanzar en este sentido supondría darle hoy un cheque en blanco al Ministerio de Ambiente y a la Justicia”, sostuvo Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro.
Y agregó: “Pedimos considerar que los proyectos sujetos a evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental sean susceptibles de degradar de forma significativa el área de humedal a ser analizado, para evitar que ante cualquier rumor se frenen las actividades. A su vez solicitamos incluir un procedimiento participativo que incluya la descripción de los servicios ecosistémicos y los potenciales riesgos del proyecto, así como agregar que cumplido el plazo previsto en la norma, las actividades se rigen por la legislación vigente, según su jurisdicción”.
SOCIEDAD RURAL
En tanto, el director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, cuestionó durante el debate que se plantea como una solución legislativa acelerar el tratamiento de una Ley de Presupuestos Mínimos, basados en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, “para dar la imagen que se está haciendo algo”.
Desde se punto de vista, en cambio, “lo que debería hacer el Congreso es pedir informe al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible respecto de por qué no aplica adecuadamente la Ley N° 26.815 / 2012 de Manejo del Fuego; la Ley N° 26.562 / 2009 de Presupuestos Mínimos de Quemas Controladas; la Ley N° 25.335 / 2000 de Ratificación Convenio de RAMSAR para la protección de humedales y la Ley 25.688 / 2002 de Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental del Agua”.
“Estamos trabajando con firmeza en lograr los consensos mínimos entre las organizaciones de la Conservación y de la Producción, hemos desarrollado las Buenas Prácticas y hemos redactado los manuales y tenemos programas de medición de carbono sectorial y general de las actividades agropecuarias, integramos una mesa de carbono forestal, potenciamos la ganadería y agricultura regenerativa, estamos remediando, regenerando y enriqueciendo los ambientes lideramos la agenda ambiental desde el sector Agricultura, Ganadería y Bosques”, enunció Costamagna.
Y finalizó: “Si se quiere un país que tenga desarrollo y crecimiento, algunos proyectos de ley que se proponen van en contra de la Argentina, de su soberanía, de la libre determinación de sus habitantes, e impedirán el desarrollo de las generaciones actuales y de las generaciones por nacer”.
