Asociaciones rurales de Tucumán, Salta y Jujuy salieron a alertar por la crítica situación que están viviendo los productores por una ola delictiva cada vez más grave. Hasta denuncian “financiación con dinero negro proveniente de la política”.
Asociaciones rurales del norte argentino emitieron comunicados en las últimas horas en los que encendieron la alarma por la ola delictiva que se está sufriendo en los campos, con robos que se multiplican y también numerosos casos de usurpaciones.
La alerta llega incluso a una fuerte denuncia: que detrás de estos hechos, podría haber “financiación con dinero negro proveniente de la política”.
SALTA Y JUJUY
En primer término, la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), la Sociedad Rural Salteña, la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) y la Asociación de Productores Agropecuarios de Jujuy (Aprojuy), publicaron una solicitada advirtiendo que “la inseguridad no da para más”.
Según estas entidades, “en el norte de Salta vence la inacción y el olvido”, porque hace años que vienen reclamando por la falta de seguridad en los campos y la “falta de respeto total” a la propiedad privada, sin que lleguen soluciones concretas.
“Si bien se crearon Unidades Regionales burocratizando y entorpeciendo el sistema, las dependencias y móviles policiales están destruidos, es largo el listado de denuncias sin resolver, falta de recursos para las fuerzas policiales que son cubiertos, en su mayoría, por los mismos productores (cubiertas, gasoil, reparaciones de móviles), falta de lugar para los presos, justicia abarrotada de causas cajoneadas, sin resolver y con miedo; y una delincuencia que avanza”, remarcaron.
Por el contrario, en lugar de disminuir la delincuencia, agregaron que desde febrero los casos se incrementaron, al punto de haberse registrado hasta tres robos, en el mismo sitio, en una semana, con pérdidas de insumos y semillas valuadas en más de $ 300 millones y una “falta total de respuestas por parte de la Justicia”.
“No pedimos caridad, sólo pedimos lo que nos corresponde, sentirnos protegidos por las instituciones que tienen el deber de cuidarnos. Queremos producir, no pasar los días persiguiendo a la justicia y velando por la seguridad de nuestros campos, personal a cargo y hasta la propia familia ya que los robos son cada vez más violentos y en crecimiento”, remarcaron.
Y continuaron: “El Norte está desprotegido y no se vislumbra un plan para erradicar el narcotráfico, los robos a mano armada, violación a la propiedad privada y hechos de inseguridad cada vez más graves. Está en peligro la continuidad de nuestros comercios, la producción de nuestros campos y la vida de nuestros ciudadanos”.
TUCUMÁN
En tanto, “Librados a la inseguridad” se titula el texto difundido por la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), que nuclea a los chacareros de Tucumán, y que advirtió: “Una vez más nos toca poner en agenda pública lo que vivimos los vecinos: una ola de robos sin precedentes”.
De acuerdo con Apronor, “ya no quedan familias que no hayan sufrido algún tipo de robo. Casas, galpones, herramientas, alambrados y agroquímicos, principalmente, encabezan la lista de los bienes más buscados”.
La entidad tucuman citó también a la solicitada de las “instituciones hermanas de Salta y Jujuy que están viviendo exactamente lo mismo y al igual que nosotros quieren trabajar y vivir en paz”.
Pero cuestionó que “nuestros gobernantes, ajenos a todo, están más preocupados en quedarse con un pedacito de poder y para esto los vemos trabajar con esmero, día y noche, de lunes a lunes, están muy ocupados dedicados a pleno a la campaña política y mientras tanto, la inseguridad desenfrenada y la desidia por este Tucumán sepultan el renombre de “el faro del norte” que alguna vez se supo ganar”.
Además, Apronor profundizó en estas durísimas críticas al sostener que, durante la última Expo, advirtieron su sospecha sobre “llamativas operaciones inmobiliarias y usurpaciones que tuvieran como fuente de financiación dinero negro proveniente de la política”.
Y consideraron que una suerte de confirmación al respecto es “de público conocimiento el caso de Estancia Riarte, donde el intendente salteño de El Jardín usurpa y reparte propiedad privada en territorio tucumano, es más, confiesa públicamente que utiliza vehículos oficiales para cometer estos delitos”.
“En cualquier país normal este funcionario ya no estaría en su cargo. El Jardín como muchas localidades de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero merecen mejores dirigentes. Por último pedimos a las Fuerzas de Seguridad, a la Justicia y al poder político que cumplan la función para la que fueron designados, la estamos pasando mal, no podemos vivir entre rejas y los delincuentes libres e impunes”, concluyó Apronor.
