Desde una de las federaciones que forman parte de CRA cuestionaron un convenio firmado por diversas entidades del agro con el Gobierno; entre ellas, la Sociedad Rural.
La presión de Europa para que sus países proveedores cumplan con la premisa de producir alimentos que provengan de campos “libres de deforestación” abrió una sorpresiva grieta dentro del ruralismo argentino, que todavía es pequeña, pero que podría escalar.
Sucede que la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), una de las entidades de segundo grado que forma parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), salió a cuestionar un acuerdo que firmaron con el Gobierno diversas instituciones que representan a la agroindustria; entre ellas, la Sociedad Rural Argentina (SRA).
“Piensan más en los de afuera que en los de adentro”, cuestionó Darío Bruera, presidente de la FARM, al mostrarse en contra del convenio que propone avanzar en la plataforma Visión Sectorial del Gran Chaco (Visec), que apunta a dotar de trazabilidad a la cadena cárnica y así cumplir estos objetivos impuestos por la Unión Europea.
CÓMO ES LA INICIATIVA “LIBRE DE DEFORESTACIÓN”
El origen de este conflicto se remonta a la normativa 2023/1115 aprobada por el bloque de países del viejo continente y que impone que, a partir del 1° de enero de 2025, los alimentos que se compren a países del exterior –fundamentalmente soja y carne, en el caso de Argentina– deben provenir de campos que no hayan sufrido deforestación en un período reciente, y sobre lo que hay que garantizar la trazabilidad correspondiente.
A partir de entonces, diversas entidades como la SRA, la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) o el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, han venido alertando sobre la necesidad de anticiparse a este tema, antes de que se transforme en un problema.
En ese camino, la semana pasada estas últimas instituciones mencionadas más la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) firmaron un convenio para fortalecer el VISEC.
Y eso es precisamente lo que salieron a cuestionar desde el ruralismo misionero. Ahora, habrá que ver si CRA avala esta postura de una de sus federaciones, o se abstiene de emitir una opinión al respecto.
LAS QUEJAS DESDE MISIONES
A través de un comunicado compartido en las redes sociales, la FARM se expresó “siempre a favor de la sustentabilidad”, pero “disconforme con un nuevo acuerdo unilateral con el gobierno Nacional que desconoce al campo”.
El reclamo de la Federación es que este acuerdo, según su punto de vista, “no incluye ni consultó a las bases, tiene nula representatividad federal, desconoce la condición de los pequeños y medianos productores de nuestra región”.
“Al mismo tiempo, -lejos de promover incentivos a la protección del medio ambiente de quienes convivimos con el monte-, perjudicará con más regulación y el riesgo de mayor persecución impositiva”, criticó la FARM.
Allí fue que su presidente, Darío Bruera, se quejó de que “piensan más en los de afuera que en los de adentro”, y agregó: “En el interior estamos todos trabajando por nuestra soberanía agroalimentaria y sin descuidar el desarrollo sustentable que pregona el cuidado no sólo del medio ambiente y la economía del productor, sino también el impacto social”.
Para la FARM, no se puede avanzar en una iniciativa de este tipo sin el apoyo de todas las entidades que integran la Mesa de Enlace.
“Otra vez, los productores de zonas marginales estamos sometidos a la mirada arbitraria de cámaras -en connivencia con el Gobierno Nacional- que no saben lo que es producir en el campo”, disparó Bruera.
Y concluyó: “Somos los que cultivamos el suelo desde cada una de las chacras para sostener el empleo de nuestros pueblos en todo el territorio nacional”.
