A través de una resolución de la Secretaría de Comercio, se derogaron resoluciones y disposiciones que establecían controles de precios, abastecimiento y/o requerimientos de información.
La Secretaría de Comercio de la Nación publicó este lunes una resolución en la que derogó 59 resoluciones y disposiciones emitidas en los últimos 25 años y que buscaban establecer algún tipo de regulaciones en los precios de bienes y servicios.
La dependencia del Ministerio de Economía explicó que esta medida se toma en el marco de las “nuevas políticas públicas delineadas a efectos de un reordenamiento integral de la economía en general y de la reformulación de muchos de los regímenes jurídicos existentes relacionados”.
Cabe recordar que mucho de esto ya fue esbozados tanto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023, como en el proyecto de ley denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” o “Ley Ómnibus”.
DESREGULACIÓN DE LA ECONOMÍA
Precisamente, Comercio recordó que, en el mencionado proyecto de ley, se hace referencia concreta a que resulta necesario “la profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria”.
Asimismo, se menciona que debe tenerse en cuenta “la reconsideración de las funciones del Estado en los distintos sectores de la sociedad, a la luz de los avances y la expansión que han tenido las mismas sobre la libertad de las personas y de las empresas que interactúan en su quehacer diario y empresarial respectivos, procurando que las mismas se concentren en aquellos sectores esenciales de la sociedad, siendo ejercidas de la manera más eficiente posible”.
En este marco, el Gobierno subraya que se advierte la existencia de “resoluciones y disposiciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimento de distintas obligaciones relacionadas que, con base en el estado actual de nuestra economía en general, han apartado a esta Autoridad de Aplicación de las misiones y funciones genuinas que le han sido asignadas”.
En concreto, enumera velar por la transparencia y la libre competencia de los mercados y la prevención y/o represión de las conductas ilícitas que afectan al comercio interior.
“Por consiguiente, resulta indispensable alinear las políticas de regulación del mercado interno, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores”, añade la resolución.
Y finaliza: “Por todo ello y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, corresponde disponer la derogación de toda la normativa que se lista en el Anexo que forma parte de la presente resolución, a efectos de coadyuvar a un nuevo ordenamiento de las resoluciones y disposiciones reglamentarias que atañen al comercio interior más simple, menos burocrático y más trasparente”.
