Carbap llamó a una conferencia de prensa y cargó contra CIARA-CEC, el grupo de empresas exportadoras de cereales y oleaginosas. Girasol y trigo, los cultivos más apuntados.
Una denuncia que por ahora transita los caminos administrativos y no tiene su correlato en las investigaciones judiciales levantó la polvareda en el mundo agropecuario: la fuerte acusación de “cartelización” por parte de Carbap contra CIARA-CEC.
Encabezada por Horacio Salaverri, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y con el abogado Gabriel Bouzat a su izquierda, el encuentro en la sede porteña de la entidad perteneciente a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) tuvo casi un único destinatario, que salió a responder este mismo martes.
“En cada charla con los productores se habló del tema, siempre. Sobre todo los productores jóvenes. Recuerdo una reunión en Lobería, donde casi de manera airada nos decían sobre este punto, sobre el valor FOB, el clearing, que si ‘te falta mercadería, no salgas al mercado, yo te la doy porque sino me movés el mercado’. Todo ese tipo de situaciones”, adelantó Horacio Salaverri en una charla con Infocampo luego de la conferencia.
LA DENUNCIA DE CARBAP
En síntesis, Carbap acusó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina por una presunta cartelización. Se trata de una presentación que por ahora recorre los caminos administrativos pero no aún el de la Justicia.
Una de las explicaciones acerca de este punto radica en que la acción administrativa corresponde a la órbita del derecho público, pero no del privado. Para tal situación se requeriría del accionar particular de cada productor que se sintiera afectado.
“El derecho de defensa de la competencia es público, no privado. Y defiende al régimen de competencia al entender que cuando la misma existe hay mejores precios, asignaciones y se protege al sistema”, argumentó Bouzat.
En este punto se busca demostrar que existió un hecho ilícito, y que el mismo tuvo una causalidad y daño concreto. Este último punto abriría la puerta al reclamo de cada productor.
“Carbap no lo podría hacer porque son derechos económicos de cada productor”, sostuvo.
Por el momento la entidad descarta apelar a conseguir el respaldo de la actual Secretaría de Agricultura.
¿CUÁNDO SE HIZO LA DENUNCIA?
La acusación gremial tuvo inicio formal en agosto de 2023. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido, los dirigentes del agro entienden que la falta de motorización de la misma sucedió a raíz de un provecho político de parte de los empresarios exportadores.
“No estamos diciendo que alguien comete o no comete determinadas cuestiones. Lo que estamos diciendo es que lo que vemos es que el mercado no es transparente y que debemos hacerlo eficiente”, expresó Salaverri en la apertura de la reunión.
Y sumó: “Vemos un mercado que no tiene ni la transparencia, ni lo competitivo que debe ser. Y donde no aparece la puja en el mercado, y que por cierto sí aparecen valores de referencia, que son valores únicos que dejan un sabor un poco amargo. ¿Por qué y cómo se fijan estos valores?”, se preguntó el dirigente de Suipacha.
“Entendemos y pedimos que se investigue cómo trabaja el mercado, de qué manera está operando, y si de esto surge que hay una especie de cartelización del mismo que no permite una libre competencia”, analizó.
Luego del mensaje de Salaverri, Bouzat aportó los fundamentos técnicos de la acusación y explicó por qué los apuntados son los empresarios de CIARA-CEC, donde entienden que anidaría la concentración de la demanda de granos de parte de una decena de grandes empresas, en detrimento de “decenas de miles de productores” que representan la oferta.
“La investigación se centró en dos aspectos diferentes: el primero es el que se denomina “aspecto estructural” es decir, la estructura del mercado. Porque la exportación de granos se caracteriza por el hecho de que por el lado de la demanda hay 10 grandes empresas multinacionales, que compran los granos para la exportación y por otro lado decenas de miles pequeños, medianos y grandes productores que venden. Ahí vemos un mercado concentrado”, sostuvo Bouzat.
El criterio que siguieron es que dada la característica del mercado granario, al tratarse de commodities, se genera el ámbito ideal para que “en todo momento hagan negocios entre ellos”, según afirmó el asesor jurídico.
“De manera tal que vimos una estructura de mercado proclive a la cartelización, algo que se da en mercados que tienen ciertas características”, remarcó.
El nudo de la presentación radica en que a raíz del análisis aseguran “haber detectado un comportamiento de los precios de compra de los granos que no se corresponde con una genuina competencia”.
“Y eso lo hemos analizado tomando distintas variables, como los precios FOB y FAS, los mercados internacionales que son muy competitivos. Al analizar los distintos precios vimos que lo que termina cobrando el productor argentino por el mismo producto en general es menor de lo que recibe un americano, europeo, australiano o de otro país de la región”, comparó.
EL DÓLAR SOJA SIGUE EN LA MIRA
Si bien tanto Bouzat como el resto de los dirigentes de Carbap se cuidaron de no hacer una vinculación directa a un dirigente puntual, el mensaje emitido fue que desde la entidad creen que el funcionamiento sospechado se habría hecho al calor de cierta permisividad política. Allí radica el segundo aspecto estructural de la denuncia elaborada por Bouzat.
“Notamos un comportamiento que podríamos llamar como oportunista: empresas que aprovecharon ciertas regulaciones del pasado Gobierno dan cuenta de un comportamiento de precios bastante atípico”, sumó el letrado.
En esta línea, Salaverri explicó ante este medio que se descartó iniciar una demanda judicial hacia exfuncionarios políticos al no considerar los hechos dentro de lo que pueden ser aspectos judiciables para los actos de Gobierno.
“Por eso lo abordamos desde el punto de vista administrativo”, remarcó.
Por ahora el contenido formal de la denuncia no es público, al menos hasta que CIARA-CEC responda por la misma vía ante la CNDC.
Y a la vez, otro dolor de cabeza para muchos productores agropecuarios volvió a mencionarse en la conferencia de prensa: las distintas ediciones del dólar soja y sus efectos. “La mejora del tipo de cambio jamás se tradujo en una mejora proporcional al precio del cereal, sino que hubo un descuento, y ese descuento se lo quedó la exportación”, acusó Bouzat.
Otro de los puntos observados es el fideicomiso triguero, conocido como el “FETA”. Allí, entienden que se dio una “cuotificación” que fue aprovechada por las cerealeras. “Como el Estado autoriza una equis cantidad de toneladas a exportar, en lugar de que haya una puja competitiva para ver quién paga mejor, lo que hacen es repartirse el mercado. Sale una cerealera a comprar, luego otra, y así sucesivamente”, analizó.
“Esta es la típica conducta cartelizada. Nadie se preocupa por el precio porque saben que la cantidad la tienen asegurada en la repartija”, resumió y acusó: “Quien coordina estas conductas es CIARA-CEC”.
EL GIRASOL, EN LA MIRA
Pero además del trigo y los pormenores del FETA, también hasta fines de diciembre existió otro relacionado al mercado aceitero. En Carbap advirtieron que el mismo generó una gran informalidad en la conformación del precio del girasol.
En las entidades del agro el reclamo conocido desde la implementación de este caso y otros similares es que los fondos que le dieron curso a los fideicomisos, en realidad, provenían de las ganancias de los productores.
En ese marco, en el encuentro con la prensa se remarcó que la única referencia con la que se cuenta para el precio del girasol es el del aceite de ese cultivo, en el mercado de Rotterdam, en Países Bajos.
“Lo que uno ve es que el precio del grano representa un porcentaje equis del precio del aceite, y que ese porcentaje en la Argentina está totalmente desvirtuado. ¿Cómo se conforma el precio del girasol en Argentina? Es un misterio que le estamos pidiendo a la CNDC que lo investigue”, planteó Bouzat.
En Carbap entienden que la conformación de dicho precio está emparentada al precio de la soja, a partir de que un eventual costo de oportunidad del productor, de que si no produce soja produce girasol.
“Pero son dos mercados muy diferentes”, remarcó Bouzat.
CIARA: “EL MERCADO DE GRANOS ES TRANSPARENTE”
Tal vez advertidos por la difusión pública que Carbap decidió realizar en la tarde de este martes, desde CIARA-CEC, prácticamente en simultáneo, respondieron vía redes sociales.
“Recibimos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una presentación de CARBAP que en agosto ’23 cuestiona las medidas del anterior gobierno sobre dólar agro, y las operaciones de compra de exportaciones de trigo, soja, maíz y girasol, y sus subproductos durante 2020/22 inclusive”, indicaron en la cuenta oficial de X de los exportadores.
Y sumaron que “como dijimos todo el año pasado, esas medidas eran dañinas, generaban distorsiones en el mercado y que el camino es la unificación cambiaría y la eliminación de todo tipo de intervencionismo estatal en el mercado. De hecho aún tenemos un dólar exportador que debería eliminarse”.
“Sin embargo, no compartimos la propuesta de CARBAP, contenida en la presentación aludida, consistente en incrementar -aún más- la intervención estatal en el mercado de granos, particularmente sobre los precios y las operaciones de exportación”, sostuvieron.
Además manifestaron que “resultan infundadas, asimismo, las elucubraciones relativas a la existencia de algún tipo de cartelización en el sector exportador. Todas cuestiones que, vale destacar, ya han sido cuestionadas ante la Comisión”.
Para CIARA “no es positivo solicitar más intervenciones por parte del Estado. El mercado de granos es transparente, con múltiples operadores y tipos de mercados”.
“En ese marco, los agroexportadores seguiremos trabajando para promover un mercado libre, donde la oferta y la demanda sean las condiciones normales para operar”, cerraron.
Salaverri leyó el posteo de los exportadores y sin mayores sorpresas sintetizó: “Dieron la respuesta que suponíamos” .
