Los funcionarios del Ejecutivo elevaron una carta a la entidad financiera para que deje sin efecto la normativa que encarece el crédito a quienes no vendieron, como mínimo, el 95% de su producción de soja.


El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, elevaron una carta al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, para que la entidad financiera madre derogue una normativa que es perjudicial para los productores agropecuarios.

Se trata de la Comunicación “A” 7720 que se dispuso a fines del año pasado, cuando tuvieron vigencia las primeras etapas del dólar soja, y que recientemente se prorrogó.


La misma dispone un encarecimiento de las tasas de financiamiento bancario para aquellos productores que retengan más del cinco por ciento de su última cosecha de soja.

En la carta, Massa y Bahillo aseguran que comprenden que el objetivo de esta circular es forzar a los productores a vender lo máximo posible de sus existencias, de manera de activar ventas que a la vez se traduzcan en la generación de divisas.

Sin embargo, mencionan: “Creemos que la resolución no está logrando, lamentablemente, su entendible objetivo”.

AHORRO EN SOJA
De acuerdo con la interpretación de los funcionarios del Ejecutivo, “los productores se resisten a vender, debido a que la gran mayoría de ellos tienen en su esquema financiero a la soja como reserva de valor”.

Y a eso, aseguran, hay que sumarle la sequía, por lo que “el recelo y cuidado de la soja aumenta sustancialmente, ya que el miedo a que se vea afectada la situación financiera está latente”.

Como corolario, Massa y Bahillo mencionan que hay un aspecto “cultural” que no se puede soslayar: “Habitualmente, los actores del sector prefieren desprenderse de cualquier otro cereal e inclusive de parte de su ganado vacuno, antes que realizar una venta forzosa y obligada de soja”.

Además, señalan que un error de la Circular es que no distingue el destino de la soja acopiada, que en muchos casos puede reservarse para el pago de los arrendamientos agrícolas. En ese punto, le recuerdan a Pesce que el 76% de la producción agrícola en Argentina se hace en campos de terceros.

Del mismo modo, “la norma tampoco contempla la retención de soja como destino de insumo en la elaboración de alimento balanceado”, agregan Massa y Bahillo. Y advierten al respecto que quienes suelen usar la soja para ese destino son establecimientos de engorde de bovinos, pollos o cerdos, que agregan valor y generan mayor cantidad de empleo, y a quienes “se los excluye del sistema financiero”, con la normativa mencionada.

EFECTO SEQUÍA
Por otro lado, para el ministro de Economía y para el Secretario de Agricultura, el impacto de la seca no puede dejarse a un costado.

“La campaña está siendo peor de lo esperado”, reconocen, y subrayan que, ante esta situación, el productor no tiene otra alternativa que recurrir al sistema financiero para poder sostenerse.

“Por todo lo expuesto, entendemos que la norma no consigue el objetivo buscado y genera, además, discriminaciones en el acceso al crédito a productores que no tienen la intención ni el objetivo de especular con algún rédito mayor, o bien generarle algún perjuicio a las arcas del Estado”, completan.